MANILA, Filipinas - Cuando el barco de carga MV Bavaria partió de un puerto filipino una mañana el mes pasado con 69 contenedores de basura canadiense podrida, no solo puso fin a una complicada disputa diplomática entre los dos países.

También marcó un cambio enorme en el sistema de reciclaje mundial.

Después de años de presión, Canadá acordó recibir de vuelta los desechos, que habían sido exportados a Filipinas a partir de 2013 etiquetados falsamente como desperdicios plásticos. Los envíos formaban parte de una práctica de décadas de antigüedad en la que los países ricos, incluido Estados Unidos, enviaban plástico a Asia para reciclarlo. A menudo, los envíos incluían desechos contaminados que no se podían reciclar, pero de todos modos se hacía que pasaran los controles de aduanas y los países tenían pocas vías legales para devolverlos.

Eso comenzó a cambiar hace 18 meses, cuando China, el mayor consumidor de plásticos desechados, prohibió casi todas las importaciones de desechos para detener el contrabando de desperdicios no reciclables. El comercio de plásticos se redirigió rápidamente a los países vecinos del sudeste asiático que carecían de plantas de reciclaje y de leyes de disposición de basura eficaces, lo que llevó a que gran parte de los desechos fueran quemados o vertidos en campos y vías fluviales, creando riesgos para la salud y el medio ambiente.

Ahora esos países también están cerrando sus puertas.

En medio de un creciente movimiento global contra el plástico no reciclable, Vietnam y Tailandia han dicho que bloquearán todos los desechos plásticos importados en los próximos años. Taiwán anunció que solo aceptaría desperdicios plásticos si se clasificaran en un solo tipo, lo que facilitaría su reciclaje.

Filipinas y Malasia también están considerando prohibiciones totales y han puesto el ejemplo al exigir que los países exportadores reciban de regreso los contenedores de desechos que ingresaron ilegalmente en sus puertos, a menudo con documentación inadecuada. Indonesia anunció la semana pasada que había enviado cinco contenedores de papel de desecho canadienses de regreso a Seattle, el punto de transbordo, después de descubrir que también incluía plástico, madera, pañales y zapatos usados.

“Los países de esta región están rechazando toda esta idea de que deberían ser vertederos para los desechos del mundo”, dijo Lea Guerrero, activista de Greenpeace en Filipinas.

La protesta por el plástico tiene ecos de hace tres décadas, cuando los Estados Unidos enviaban de manera rutinaria baterías de auto inservibles, concreto con mercurio y otros materiales tóxicos a las costas poco reguladas del sudeste asiático.

Un tratado global de 1989 conocido como Convenio de Basilea impuso restricciones importantes al envío de desechos peligrosos a países pobres, pero dejó abierta un resquicio para los materiales, principalmente plásticos, que eran designados para el reciclaje. Los Estados Unidos, como uno de los pocos países que no ha ratificado el tratado, pueden exportar desechos peligrosos solo en virtud de acuerdos bilaterales, uno de los cuales lo tiene con Filipinas.

En mayo, en una reunión en Ginebra, representantes de más de 180 países acordaron ampliar el tratado para incluir la mayoría de los residuos plásticos, colocándolos bajo las mismas restricciones comerciales que las sustancias tóxicas.

Fue un reconocimiento tardío de que aunque el plástico se ha comercializado durante mucho tiempo como un material reusable, gran parte del mismo no se puede reciclar porque está teñido, contiene alimentos o residuos líquidos, o se mezcla con otros residuos no reciclables.

“Desde que se desarrolló el Convenio de Basilea, siempre hubo un interés en abordar los plásticos, pero el mayor desafío era la voluntad política de los países para asumirlo”, dijo Richard Gutiérrez, fundador de BAN Toxics, un grupo de acción ambiental en Filipinas.

Mientras China estuvo comprando más de la mitad de los residuos plásticos del mundo (importó 6.4 millones de toneladas en 2017, antes de que se promulgara la prohibición), gran parte del mundo industrializado estaba ciego ante el destino de sus botellas de refresco, bolsas de supermercado, envases de yogur y demás basura.

A medida que el consumo de plástico mundial se disparaba a 400 millones de toneladas por año, una cantidad que se prevé que se duplique en los próximos 15 años, ningún país podría igualar las relativamente eficientes plantas de reciclaje de China o su enorme base industrial que reutilizaba el plástico viejo en nuevos productos.

“La prohibición de China realmente cambió el panorama”, dijo Gutiérrez. "Una vez que dejaron de recibir todo este plástico, la gente se dio cuenta de que tenemos un gran problema”.

La enmienda de Basilea, que entrará en vigor en enero de 2021, requiere que los despachadores de desperdicios plásticos consigan el consentimiento previo del país de destino, y otorga a los países la autoridad legal para rechazar residuos no deseados o incontrolables.

El caso de la basura canadiense en Filipinas muestra cómo los países a menudo tienen pocos recursos según las reglas comerciales existentes para enviar de vuelta los envíos de plástico ilícitos.

Los importadores filipinos describieron los aproximadamente 100 contenedores totales que llegaron a partir de junio de 2013 como desperdicios plásticos para reciclaje, pero en la inspección de aduanas se encontró que contenían desechos domésticos, como botellas de plástico, bolsas de plástico, periódicos, basura doméstica y pañales para adultos usados.

Las leyes locales los clasifican como materiales peligrosos, y el gobierno de Filipinas solicitó a Canadá que recibiera de regreso el envío. Pero durante años el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sostuvo que su gobierno no podía intervenir porque los envíos representaban transacciones comerciales privadas entre compañías canadienses y filipinas.

Los contenedores estuvieron en los puertos filipinos, y su contenido filtró líquidos mientras se pudría en el calor tropical. Greenpeace, BAN Toxics y otros grupos hicieron plantones ante la Embajada de Canadá en Manila, mientras que algunos funcionarios pedían abandonar la disputa para preservar los lazos diplomáticos.

En 2015, tras fuertes protestas de activistas, las autoridades filipinas vertieron el contenido de más de dos docenas de contenedores en un relleno sanitario al norte de Manila.

“Para nosotros fue el ejemplo del comercio de residuos en Asia”, dijo Guerrero de Greenpeace. “Simplemente ilustró la disparidad entre países ricos y pobres, y cómo cuando los países ricos no quieren recuperar su basura, los países pobres están prácticamente indefensos”.

En abril, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con “declarar la guerra” sobre el tema. Llamó a su embajador en Ottawa, prohibió a los funcionarios filipinos viajar a Canadá y estableció una fecha límite del 15 de mayo para que la basura fuera retirada.

La ofensiva diplomática funcionó. Trudeau contrató a una empresa naviera para recuperar los 69 contenedores restantes, que partieron a través del Pacífico el 30 de mayo. El igualmente animado secretario de Relaciones Exteriores de Duterte, Teodoro Locsin, tuiteó una foto de la nave y el mensaje: “Aaaaaaadiós”.

Las autoridades canadienses dicen que las aproximadamente 1,500 toneladas de basura en los contenedores, que llegarán al puerto de Vancouver a fines de junio, serán quemadas en una instalación de conversión de residuos en energía en la Columbia Británica.

Los activistas filipinos creen que muchos más envíos ilícitos han pasado sin ser detectados a través del vasto archipiélago de más de 7,000 islas y docenas de puertos.

En los últimos meses, los funcionarios de aduanas han interceptado envíos de desechos de Australia, Hong Kong y Corea del Sur que fueron etiquetados erróneamente como productos reciclables. En enero, Corea del Sur pagó para que se le llevara de vuelta desde Filipinas el primer lote de un envío de 6 mil toneladas que contenía basura doméstica, incluidas baterías, bombillas de luz y pañales.

“Creemos que esto es solo la punta del iceberg”, dijo Beau Baconguis, un activista filipino de Global Alliance for Incinerator Alternatives, un grupo activista sin fines de lucro.

“Con tantas islas, es casi imposible revisar cada puerto correctamente. Estos escándalos fueron expuestos por controles al azar. No creo que tengamos suficiente personal capacitado para determinar si algo es material reciclable o solo desperdicio”.

Los grupos ecologistas están instando al gobierno de Duterte, que apoyó la enmienda de Basilea, a ratificar el cambio para garantizar su cumplimiento en Filipinas. Según informes, los funcionarios también están considerando una prohibición total de las importaciones de residuos que podrían cerrar uno de los principales puntos de venta restantes para los desperdicios plásticos estadounidenses.

En Malasia, que el año pasado se convirtió en el principal destino del mundo para el plástico desechado, funcionarios clausuraron 150 importadoras de residuos sin licencia. El gobierno anunció en mayo que enviaría más de 3 mil toneladas de residuos plásticos contaminados a países como EU, Canadá, Gran Bretaña y Australia, aunque no se han resuelto los detalles de los envíos, incluido quién pagará la factura.

El ministro de Medio Ambiente de Malasia, Yeo Bee Yin, inspeccionó recientemente uno de los contenedores australianos y encontró botellas de leche viejas llenas de gusanos muertos.

“Esto es una basura que sabes que no se puede reciclar, y me enoja mucho que nuestro país tenga que soportar esto”, dijo en una entrevista.

Yeo ha pedido que se prohíban todas las importaciones de residuos, pero se enfrenta a la oposición de otros miembros del gobierno que quieren apoyar a una pequeña pero creciente industria del reciclaje. Señaló que los países de la región deben enviar un mensaje al mundo industrializado de que los desechos deben eliminarse en el país de origen.

“Creo que los plásticos domésticos de baja calidad no deben exportarse, y cada país debe hacerse cargo de sus propios desperdicios”, dijo.

“Cuando descubrimos este problema en Malasia, hablamos de él como un problema mundial, y reconocimos que deberíamos ser una voz para los países en desarrollo. Si no lo depositan en mi país, lo depositarán en otro lugar. Y eso tiene que parar”.

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