MEXICALI, México — Desde el borde de la carretera, Oswaldo

Ortiz-Luna ofrecía dulces en una caja a los autos detenidos entre el polvo

dorado del norte de México. Su esposa vendía de otra caja de dulces más arriba

en la fila de tráfico, cargando a su hija de 18 meses a la cadera. Frutos

pegajosos y lágrimas manchaban las mejillas de la bebé.

Mientras se ponía el sol, Oswaldo y su familia de seis integrantes

aún no habían vendido suficientes dulces para completar los aproximadamente

seis dólares que necesitaban para pasar la noche en un refugio cercano. Se

encuentran entre los miles de solicitantes de asilo atrapados más allá de la

frontera bajo la política distintiva de la administración Trump:

"Permanecer en México" (Remain

in Mexico).

Según los Protocolos de Protección de Migrantes (mejor

conocidos como “Permanecer en México”), funcionarios de la administración de

Trump han hecho que 35 mil 122 solicitantes de asilo crucen de regreso la

frontera sur de EU en unos siete meses, de acuerdo con reportes del

Departamento de Seguridad Nacional revisados ??por Los Angeles Times. Un tercio

de los migrantes fueron devueltos a México desde California. La gran mayoría se

ha dispersado por todo México en los últimos 60 días.

Mientras sus casos son tramitados por la corte

estadounidense, los solicitantes de asilo son forzados a esperar en México, en

ciudades que el Departamento de Estado de los Estados Unidos considera como algunas

de las más peligrosas del mundo. Han sido atacados, agredidos sexualmente y

extorsionados. Varios han muerto.

En docenas de entrevistas y en procedimientos judiciales,

funcionarios actuales y anteriores, jueces, abogados y activistas a favor de los

solicitantes de asilo dijeron que los funcionarios de Seguridad Nacional que

implementan el programa ‘Permanecer en México’ parecen estar violando la ley de

EU y el costo humano está aumentando. El testimonio de otra docena de

solicitantes de asilo confirmó que estaban siendo desplazados sin las salvaguardas

provistas por la ley estadounidense. Las presuntas violaciones legales incluyen

negar los derechos de los solicitantes de asilo y ponerlos, a sabiendas, en

riesgo de sufrir daños físicos, en contra de las regulaciones federales y la

Ley de Inmigración y Nacionalidad, la base del sistema de inmigración de

Estados Unidos. Dicha ley otorga a los migrantes el derecho a buscar protección

en EU.

Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de

Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés) escriben la frase "domicilio

conocido" en el papeleo de los solicitantes de asilo en lugar de una

dirección legalmente requerida, lo que hace casi imposible que los solicitantes

atrapados en México sean notificados de cualquier cambio en sus casos o

próximas citas judiciales. Al faltar a las audiencias judiciales, los

solicitantes pueden ser excluidos permanentemente del asilo en Estados Unidos.

Mientras tanto, algunos funcionarios de asilo federales que

están convencidos de que están enviando a los solicitantes a sus muertes, informaron

al Times que se habían negado a implementar la política Permanecer en México a riesgo

de ser despedidos. Dicen que viola las obligaciones legales de EU en vigencia por

décadas de no devolver a la gente a la persecución.

La sede de Seguridad Nacional, así como la Oficina de

Aduanas y Protección Fronteriza, la agencia encargada de la aplicación primaria

de la política, rechazó repetidas solicitudes de entrevistas o datos sobre la

política, citando "la sensibilidad de aplicación de la ley".

Sin embargo, para el presidente Donald Trump, cuya prioridad

política es restringir incluso la inmigración legal a los Estados Unidos, la

política de Permanecer en México ha sido su esfuerzo más exitoso: un conocido

solicitante de asilo sujeto a la política obtuvo la capacidad de permenacer en

Estados Unidos

Oswaldo comentó que su familia huyó de su ciudad natal en

las afueras de la capital de Guatemala en febrero, luego de que sus hijos

mayores se negaron a unirse a la MS-13 y los pandilleros amenazaron con matarlos.

Mientras estaba en México, reportó que la policía los golpeó y robó, y pandillas

locales trataron de secuestrar a su hija de siete años. Viajaron en trenes de

carga hasta la frontera de EU, Oswaldo corrió para alcanzar los trenes con la

bebé en el pecho en un portador de color rosa brillante.

La familia solicitó asilo en abril con las autoridades

estadounidenses en Calexico, una pequeña ciudad agrícola en el este de

California frente a Mexicali. Los funcionarios los enviaron de regreso a

México, ordenándoles que se presentaran en la frontera nuevamente un mes

después y 120 millas al oeste, en Tijuana. Allí, los llevarían al otro lado de

la frontera para una audiencia en la corte en San Diego, y luego los enviarían

de regreso a Tijuana. Las autoridades separaron el caso del hijo mayor de

Oswaldo, de 21 años, del resto del caso de la familia.

"La vida ya era muy difícil", expresó Oswaldo.

Cuando los funcionarios estadounidenses los devolvieron a México, indicó,

"fue difícil de soportar".

Después de revelar la política en diciembre, los

funcionarios de Seguridad Nacional no regresaron a los primeros solicitantes de

asilo a México hasta el 28 de enero, lanzando el programa en San Ysidro, al sur

de San Diego. Para finales de marzo, habían ampliado la política hacia el este

a El Paso.

En mayo, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la

política podría continuar hasta las audiencias sobre su legalidad en octubre.

Con la bendición de la corte, la administración amplió la política al resto de

la frontera entre Estados Unidos y México, y a cualquier hispanohablante, no

solo a los centroamericanos. En menos de tres meses, el número de remociones se

cuadruplicó.

En julio, funcionarios estadounidenses comenzaron a devolver

a los solicitantes de asilo del resto de Texas a Nuevo Laredo y luego a

Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas.

El Departamento de Estado otorga a Tamaulipas una

advertencia de nivel cuatro de "no apta para viajar", la misma que a Siria.

Al menos 141 migrantes bajo el programa Permanecer en México

se han vuelto víctimas de la violencia en ese país, según Human Rights First,

un grupo activista no partidista. La organización sin fines de lucro presentó

una queja pública sobre la política ante la oficina del inspector general de

Seguridad Nacional y su Oficina para los Derechos y Libertades Civiles el 26 de

agosto.

Durante una conferencia de prensa en agosto, Mark Morgan, el

jefe interino de Aduanas y Protección Fronteriza, declaró a The Times:

"Nunca participaría en algo que pensara que fuera ilegal". Agregó que

el sistema judicial finalmente "determinaría la legalidad" de la política.

Dijo que no estaba al tanto de ningún incidente en el que un

solicitante de asilo resultara dañado bajo la política de Permanecer en México,

pero dijo que Estados Unidos no rastreaba lo que les sucedía a los migrantes

una vez que regresaban a México. "Eso corresponde a México", aseguró.

Roberto Velasco, director general de comunicación social de

la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, reportó que la política era

una "acción unilateral" y que Estados Unidos era "exclusivamente

responsable" de garantizar el debido proceso para los solicitantes de

asilo que regresaron a México.

Si bien citó que la política es para la protección de los

inmigrantes, Morgan añadió que también tenía la intención de disuadir a los

solicitantes de asilo. Afirmó, como suele hacer el presidente, que muchos

solicitantes de asilo presentaban casos fraudulentos. "Si llegas aquí con

un niño, no será un pasaporte automático a Estados Unidos", advirtió

Morgan. "Espero que ese mensaje llegue a sus países".

Cuando Oswaldo y su familia regresaron a Mexicali en mayo

después de su primera audiencia en San Diego, habían perdido su lugar en un

refugio cercano. Ahora van en su cuarta audiencia.

Incapaz de obtener los permisos de trabajo prometidos por el

gobierno mexicano, y potencialmente a años de distancia de una decisión final

sobre la solicitud de asilo de su familia en EU, Oswaldo dijo que las cajas de

dulces eran todo lo que la familia tenía.

"Esto es todo", afirmó.

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Daniela Díaz, una joven de 19 años procedente de El

Salvador, salió de una pequeña carpa con una chaqueta rosa forrada con piel

sintética.

Hacinada en un refugio de Tijuana, la carpa había sido el

hogar de la adolescente durante cinco meses mientras esperaba su solicitud de

asilo en los Estados Unidos, excepto por el mes que había pasado en detención

estadounidense.

Desde que huyó de San Salvador, la capital de El Salvador, a

finales del año pasado, Díaz ha resultado afectada repetidamente por el despliegue

caótico de la administración Trump del programa “Permanecer en México”.

En noviembre, la administración Trump participó en intensas

negociaciones con México para que aceptaran acoger a los solicitantes de asilo

que se dirigían a EU. Durante ese tiempo, funcionarios de la administración

redactaron un programa piloto en California llamado “<i style="mso-bidi-font-style:

normal">Remain in Mexico”. En correos electrónicos, los funcionarios acordaron

protecciones clave para los solicitantes de asilo. Pero cuando se filtraron los

planes, la política quedó en suspenso.

A fines de enero, los funcionarios hicieron regresar a los

primeros solicitantes de asilo desde San Ysidro, pero fue por poco tiempo: en

abril, un juez federal en San Francisco bloqueó temporalmente la política de Permanecer

en México.

Luego, solo unas semanas después, el Tribunal de Apelaciones

del Noveno Circuito permitió a la administración Trump reanudar la política.

Pero dos de los tres jueces expresaron preocupación por su

legalidad. Un juez dijo que el argumento legal del gobierno para enviar

inmigrantes a México era una interpretación "imposible" de la ley.

"El gobierno está equivocado", escribió el juez.

"No solo podría decirse que está mal, sino que está clara y flagrantemente

mal".

En cuanto a Díaz, ella huyó de El Salvador el año pasado

después de que un miembro de la pandilla Barrio 18 amenazó con matarla cuando

se negó a convertirse en su novia. Un agente de la policía local prometió que

la protegería, pero comenzó a acosarla, confesó.

"Él dijo: ‘Puedo violarte, puedo hacer lo que quiera

contigo y hacer que parezca que las pandillas lo hicieron, no yo’", relató

que le dijo el agente de policía.

Cruzó sola desde Guatemala hacia el sur de México en

noviembre. En enero, llegó a Tijuana para unirse a miles de personas que

esperaban en el puerto de entrada de San Ysidro para registrar sus solicitudes

de asilo.

En marzo, finalmente apareció el número de Díaz. Las

autoridades estadounidenses la llevaron a la entrada de San Ysidro, le tomaron

las huellas digitales, le hicieron algunas preguntas y luego la enviaron al

"congelador" (término empleado por los inmigrantes para referirse a

la detención de inmigrantes en EU), relató. Pero, poco después, funcionarios de

CBP la llevaron a la puerta que conduce a Tijuana y le entregaron un aviso para

que regresara el próximo mes para una audiencia en la corte.

"No puedo volver allí, mi vida está en riesgo",

les rogó.

Dijo que le respondieron: "Ese ya no es mi

problema".

El 8 de abril, Díaz fue llevada de San Ysidro a San Diego

para su primera audiencia, el mismo día que un juez federal bloqueó la política.

Después de varias semanas más de detención, los oficiales la

devolvieron a Tijuana, con otra cita en la corte a un mes de distancia.

Díaz le dijo al juez en mayo que quería representarse a sí

misma, pero él ignoró su decisión. Ya había llamado a todos los abogados de la

lista proporcionada por el tribunal y ninguno respondió. Ella aún está

esperando en Tijuana.

Ahora, los funcionarios estadounidenses están regresando a

los solicitantes de asilo a un ritmo de casi tres mil 300 por semana.

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La voz elevada del juez Lee O'Connor rebotó en su juzgado casi

vacío en San Diego.

"Si tuviera que emitir una orden <i style="mso-bidi-font-style:

normal">in absentia, ¿dónde sería entregada?", preguntó O'Connor al

abogado de la administración.

"Su señoría, en el domicilio que tiene la corte".

"¿A ‘lista de correos’, Baja California, México?"

"Sí, su señoría".

"¿Cómo es eso un domicilio?"

"Esos son los domicilios que me dieron", respondió

el abogado del gobierno. "No sé de dónde vinieron".

Los abogados, activistas, oficiales de asilo y jueces de EU,

ven algo más que una disfunción burocrática y una formulación de políticas

descuidada: los funcionarios de Trump, enfatizan, pretendían hacer que fuera casi

imposible obtener asilo en los Estados Unidos bajo la política de Permanecer en

México.

En el fallo del Noveno Circuito en mayo, un juez comentó que

los procedimientos de Seguridad Nacional para implementar la política eran

"tan inadecuados para lograr ese objetivo declarado que los hacía

arbitrarios y caprichosos".

A principios de este verano en San Diego, en un día en que

se habían escuchado aproximadamente 100 casos de <i style="mso-bidi-font-style:

normal">Remain in Mexico, casi todos los jueces se habían ido y la

seguridad había abandonado el tribunal, excepto por el juez O'Connor.

Estaba retrasado porque intentaba explicar cuidadosamente a

cada solicitante la nueva política que los obligaba a permanecer en México

durante un proceso de inmigración estadounidense de por sí complejo.

Permanecer en México se ha sumado a una acumulación de más

de 975 mil casos de inmigración pendientes. En julio, uno de cada cuatro casos

nuevos fue asignado al programa Permanecer en México.

Sentado detrás de montones de papel, O'Connor sopesó la

solicitud del gobierno de emitir órdenes de expulsión para un puñado de solicitantes

de asilo que no se habían presentado a sus audiencias ese día. Si O’Connor fallaba

a favor de la administración, esta podría vetar a cada solicitante durante al

menos una década, si no es que de forma permanente.

Se lanzó contra el abogado de la administración, recitando

una lista de violaciones legales.

El gobierno no había entregado pruebas de que un aviso para

comparecer ante el tribunal se haya entregado adecuadamente a los solicitantes

de asilo. El gobierno no había presentado traducciones certificadas al español

de los documentos del caso, lo que O'Connor notó que tenía errores de

traducción evidentes. Y el domicilio que el gobierno proporcionó para docenas

de solicitantes de asilo cuyos casos había visto era "domicilio

conocido", traducido a la ligera como "lista de correos".

"Parece una gran coincidencia que 70 personas

diferentes dieran el mismo domicilio", dijo O'Connor al abogado del

gobierno. Los oficiales de CBP estaban haciendo "prácticamente ningún

esfuerzo" para obtener la información legalmente requerida, agregó el

juez. "Me da mucho qué pensar sobre cómo se implementa este

programa".

Ese mismo día, en una sala del tribunal al final del

pasillo, la jueza Christine Bither había escuchado sus primeros casos del

programa.

Una pareja había viajado desde Mexicali a Tijuana y luego

cruzado la frontera para su audiencia en San Diego. Pero el gobierno no había

presentado su notificación para comparecer ante el tribunal, lo que significaba

que el juez de inmigración no podía verlos ese día, y tendrían que regresar a

México.

Un abogado de la administración entregó documentos a una

familia procedente de Guatemala que hablaba K'iche'.

El abogado dijo a Bither: "Su señoría, les voy a dar instrucciones en

español y en inglés sobre cómo presentarse".

La jueza replicó: "No hablan ninguno de esos idiomas".

La mayoría de los solicitantes de asilo que regresaron a

México en virtud de la política son originarios de América Central, por lo que

un número considerable solo habla idiomas indígenas. Pero los funcionarios de

Seguridad Nacional habitualmente no proporcionan traducción ni utilizan

intérpretes telefónicos en los procedimientos de deportación, de acuerdo con

las comunicaciones internas obtenidas por la organización sin fines de lucro

American Oversight y compartidas con The Times.

The Times revisó una serie de documentos de solicitantes de

asilo en los cuales los oficiales de CBP habían puesto direcciones incompletas

o no habían proporcionado ninguna traducción. Y el número de teléfono gratuito

que el gobierno proporcionó a los solicitantes para que pidieran actualizaciones

sobre sus casos era un número 800, que solo se puede usar dentro de Estados

Unidos.

"Hay algunas cosas en las que todavía estamos

trabajando", dijo Sidney Aki, un funcionario de CBP a cargo del puerto de

San Ysidro. Reconoció que los oficiales habían cometido errores al implementar

la política, aseverando que estaban en territorio desconocido.

A fines de julio, solo se habían resuelto dos mil 599 casos bajo

el programa Permanecer en México, y otros 23 mil 402 casos estaban pendientes

en los tribunales de inmigración de todo el país, casi el doble que el mes

anterior, según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la

Universidad de Syracuse. En ese momento, ninguna persona había obtenido asilo.

Un poco más del uno por ciento de los solicitantes de asilo

habían logrado encontrar representación legal de México.

O'Connor ordenó que se pusiera fin a los procedimientos de

expulsión del gobierno contra los solicitantes de asilo ausentes. Él no es el

único; en general, en aproximadamente el 60 por ciento de las decisiones

tomadas hasta el momento bajo la política Permanecer en México, los jueces de

inmigración han cerrado el caso del gobierno contra los solicitantes de asilo,

según los datos de TRAC.

"Si el gobierno tiene la intención de llevar a cabo el

programa", dictaminó O'Connor, "debe garantizar que se cumpla

estrictamente el debido proceso y que se cumplan estrictamente los requisitos

legales. Eso no se ha demostrado en ninguno de estos casos".

Nora Muñoz Vega veía a su hijo patear una pelota de fútbol

en el refugio Buen Pastor en Ciudad Juárez. Mientras Josué David, de 9 años, jugaba,

su madre de 29 años sopesaba una decisión difícil: seguir esperando en Ciudad Juárez

por su caso de asilo o tomar un autobús, patrocinado por el gobierno mexicano,

de regreso a Honduras.

Los solicitantes de asilo atrapados en Ciudad Juárez bajo

Permanecer en México tienen audiencias programadas para 2020. Pero, incapaz de

encontrar trabajo en México sin un permiso y demasiado asustada para

aventurarse, Muñoz Vega dijo que las pocas semanas hasta su segunda audiencia

parecían una eternidad.

En su fallo de mayo que permitió que <i style="mso-bidi-font-style:

normal">Remain in Mexico se reanudara, el Noveno Circuito se basó en parte

en las garantías de EU de que México estaba viendo por el bienestar de los

solicitantes de asilo. Sin embargo, ninguno de los migrantes con los que habló

The Times había podido obtener un permiso de trabajo: todos se alojaban en refugios

administrados por iglesias u organizaciones no gubernamentales, o en hoteles

cuando los refugios se llenaban.

A través del "retorno voluntario", el gobierno

mexicano, junto con las Naciones Unidas, está facilitando el esfuerzo de la

administración de Trump para lograr que los solicitantes de asilo renuncien a

sus casos. Más de dos mil centroamericanos han aceptado viajes gratis de

regreso a sus países de origen bajo el programa de la ONU, que es financiado

por el gobierno de los EU.

"Estamos igualmente preocupados por las

implicaciones", escribió la agencia de migración de la ONU el 13 de agosto

a un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) preocupadas por su papel

en Permanecer en México, según una carta obtenida por The Times. La agencia

determinó que estaba adoptando medidas para garantizar que los retornos fueran

de hecho voluntarios.

Aunque no está claro exactamente cuántos solicitantes de

asilo bajo Remain in Mexico se han

ido a casa, algunos parecen estarse cansando ??de esperar y están cruzando la

frontera ilegalmente.

En el viaducto entre Ciudad Juárez y El Paso, el agente de

la Patrulla Fronteriza, Mario Escalante, observaba desde el lado estadounidense

cómo las unidades de la Guardia Nacional Mexicana patrullaban en el suyo.

Escalante nació en El Paso, pero dijo que prácticamente

creció en Ciudad Juárez, con familia a ambos lados del puente durante

generaciones. Los asesinatos espeluznantes se habían convertido en algo común

en Ciudad Juárez, agregó. "Es la cultura; te acostumbras".

Pero cuando se le preguntó si Ciudad Juárez era seguro para

los solicitantes de asilo que los funcionarios estadounidenses habían enviado

allí, Escalante descartó la pregunta.

Cuando su radio crujió, aceleró hacia un cruce popular más

allá del puente internacional. Un grupo de mujeres y niños centroamericanos se

encogieron de miedo a la sombra.

"Es difícil de ver", dijo Escalante. "La

necesidad debe ser bastante grande".

Una mujer con su hijo levantó la cabeza. Era Muñoz Vega, la

madre hondureña.

En todo el país, varios oficiales de asilo federales han

renunciado, y unos pocos se niegan a implementar <i style="mso-bidi-font-style:

normal">Remain in Mexico, dijeron media docena de oficiales de asilo y

personal de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU (United States

Citizenship and Immigration Services, o USCIS) a The Times.

Afirman que la administración Trump los está obligando a

violar la ley al implementar la política, poner fin a los estándares

establecidos por el Congreso y poner en peligro intencionalmente a los

solicitantes de asilo vulnerables. La mayoría solicitó el anonimato por temor a

represalias.

En junio, el sindicato que representa a los oficiales de

asilo federales en el área de Washington, D.C., presentó un escrito en apoyo de

la demanda judicial contra la política de Permanecer en México.

"Todos los días, se pone un poco peor", destacó un

oficial de asilo en California que se negó a evaluar a los migrantes bajo la

política.

En general, antes de Permanecer en México, los solicitantes

de asilo en la frontera recibirían una entrevista para detectar un "miedo

creíble". Los oficiales de asilo, muchos de los cuales son abogados,

evalúan el temor a la persecución en el país de origen del solicitante de asilo

en función de su raza, religión, nacionalidad, opinión política o por ser parte

de un grupo social en particular. El Congreso estableció el "miedo

creíble" como una medida intencionalmente baja para ayudar a garantizar

que Estados Unidos no violara la ley al devolver a las personas a donde

pudieran sufrir daños.

Pero de acuerdo con los lineamientos de la administración

bajo la política Permanecer en México, solo los solicitantes de asilo que

expresan de manera proactiva el temor de regresar a México, no sus países de

origen, son remitidos por funcionarios de CBP a oficiales de asilo y para un

proceso de entrevista completamente nuevo. Ese proceso los examina en busca de

probabilidades de persecución en México.

En estas entrevistas, los oficiales de asilo también deben

emplear un estándar legal mucho más alto. Esencialmente, en lugar de demostrar

un 10 por ciento de probabilidad de persecución en su país de origen, los

solicitantes de asilo deben demostrar un 51 por ciento de probabilidad de

persecución en México. Ese estándar generalmente está reservado para una

audiencia completa ante un juez de inmigración.

En realidad, el estándar que se usa bajo Permanecer en

México es casi imposible, recalcó otro oficial de asilo. "Nadie lo

pasa".

E incluso cuando los oficiales deciden que los solicitantes

de asilo cumplen con el estándar más alto y estarían en grave peligro en

México, los funcionarios de Seguridad Nacional los anulan y los devuelven de

todos modos, según los seis miembros del personal del USCIS.

Según entrevistas con solicitantes de asilo y oficiales, así

como las estadísticas del USCIS compartidas con The Times, muchos solicitantes

de asilo bajo Permanecer en México están siendo expulsados sin siquiera acudir

a una entrevista.

En contra de sus propios lineamientos, indican esas fuentes,

los funcionarios de Seguridad Nacional también están devolviendo a niños,

personas con discapacidades y otros padecimientos médicos, y mujeres

embarazadas. Legisladores han exigido a un inspector una investigación general

de las presuntas violaciones.

La segunda oficial de asilo reveló que recientemente hizo

sonar la alarma después de ver a un grupo de mujeres en las últimas etapas del

embarazo ser devueltas a México. Le dijeron que la CBP no considera que un

embarazo en etapa tardía sea un padecimiento médico grave.

"No quieren que dejen caer a algún bebé en territorio estadounidense",

confesó la oficial de asilo.

Un tercer oficial de asilo relató que se les obliga a

realizar las entrevistas más complejas de Permanecer en México, que a veces

duran más de cinco horas, con niños demasiado pequeños para hablar.

Cuatro oficiales describieron casos de solicitantes de asilo

que dijeron haber sido secuestrados en México, luego golpeados y violados. Una

vez que sus familias enviaron dinero, los secuestradores los liberaron. Pero

cuando las víctimas huyeron hacia la frontera, los oficiales de asilo tuvieron

que devolverlas. Los secuestradores ahora están esperando fuera de los puertos

de entrada a la espera de quienes regresan de Estados Unidos, informaron los

oficiales.

"En el 99 por ciento de las entrevistas, mencionaron

que enfrentaban daños en México, y los enviamos de regreso", criticó el

tercer oficial de asilo.

Una oficial de asilo dijo que ella rutinariamente se

despertaba sudando en medio de pesadillas.

“¿Cuánto tiempo puedo hacer esto y vivir conmigo misma?”,

mencionó. “Pienso en estas personas todo el tiempo ... las que envié de

regreso. Espero que estén vivas".

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(c)2019 Los Angeles Times

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